Los privilegios secretos

Pocos días antes de morir en el aeropuerto de Nápoles, en 1952, Lucky Luciano aceptó hablar en los pasillos con un reportero. El célebre gángster había purgado ya diez años de cárcel en una prisión federal del estado de Nueva York entre 1936 y 1946 cuando el gobierno de Washington decidió condonarle la pena para que, con sus contactos con la mafia en Sicilia, ayudara al desembarco de los aliados. Sólo se le pudo acusar de administrar una red de prostitución y no de otros crímenes en los que estuvo implicado.
El año 2000 la revista Time lo incluyó entre las personalidades más significativas del siglo, junto a otros empresarios. Y cuando el periodista le preguntó si volvería a hacer lo mismo en su vida, si se le diera la oportunidad de regresar el reloj a los años 30, Luciano le respondió:
—Sí, pero dentro de la legalidad. Tal vez demasiado tarde me di cuenta de que para hacer un millón de dólares de manera chueca se necesita tanta inteligencia como para hacer un millón honesto. En nuestros días para robarle a la gente basta solicitar una licencia. Si se me diera de nuevo la oportunidad de rehacer mi vida, me aseguraría primero de conseguir esa licencia. Haría lo mismo, pero dentro de la ley.
Luciano tenía muchos talentos, pero carecía de la malicia y de la sabiduría de los políticos. Ahora que la temporada de elecciones ha reactivado la previsible denuncia de la corrupción, incluso en boca del candidato priísta, sólo un ciudadano ingenuo podría darle crédito a la consabida retórica de campaña. Son las mismas palabras de José López Portillo, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas, Luis Donaldo Colosio, Ernesto Zedillo: huecas, perversas, tediosas, cínicas. Los escritores de sus discursos repiten ad nauseam los mismos lugares comunes, a pesar de la riqueza teórica que se ha acumulado entre nuestros historiadores y politólogos más conspicuos, desde Daniel Cosío Villegas hasta Lorenzo Meyer. Podríamos considerarnos, incluso los lectores de periódicos, especialistas en el tema de la corrupción. Y muy poco de nuevo se puede añadir.
Esta impotencia, teórica y práctica, obliga de todos modos a imaginar si no una salida al menos un remedio parcial a fin de desmantelar en lo posible la enorme red de complicidades que se han convertido en gobierno a partir del tráfico de influencia y de impunidades vinculadas a los mecanismos de articulación del poder.
“Carlos Hank González no es una persona, es una red de complicidades”, le dijo una vez a Ciro Gómez Leyva el senador Adolfo Aguilar Zínser. “El sentido del combate a la corrupción no es castigar a los funcionarios que abusaron de sus cargos, sino desactivar la estructura de poder que se articuló con sus influencias y su impunidad. No vamos a ganar porque él vaya a la cárcel; vamos a ganar porque un poder así quedaría disuelto. Incluso, podríamos no mandarlo a la cárcel, pero necesitamos que su estructura de poder quede desmantelada, despojándolo de sus mecanismos de ejercicio del poder.”
Por eso es interesante la percepción de Lucy Luciano: nos permite ver que la apropiación de los bienes de la comunidad, especialmente en el caso mexicano, se realiza dentro de lo que el licenciado Farell Cubillas llama la “normatividad”. Es una práctica incuestionable desde el punto de vista jurídico y contable. Los abogados, los contadores, y sobre todo los secretarios administrativos, son los que saben llevar los libros de la manera más correcta. Técnicamente ni siquiera podría hablarse de “corrupción”. Todo se puede. No hay erogación que no se pueda justificar: las pensiones de Gurría y de Espinosa Villarreal, los quince millones de dólares perdidos de la campaña de Colosio, los donativos al PRI por parte de Cabal Peniche, los altísimos sueldos de los funcionarios y de los consejeros electorales (que ganan 140 mil pesos mensuales), más los famosos “bonos” que se otorgan a discreción. Nada está mal hecho. Todo tiene una coartada legal, aunque no se sepa de ella. A la hora de la hora el licenciado Farrell Cubillas aparece para refrendar que todo est· dentro de la normatividad. Son privilegios secretos y, además, ningún funcionario —federal o de los estados o de los municipios— vive la canonjía como algo indebido, porque est· en la corrupción como dentro de su propia piel.
No se sabe cómo la plaga de los exgobernadores sigue haciendo negocios con sus amigos en el poder. Todo es tan secreto como legal. A los ojos de la Comisión de Programación y Presupuesto de la Cámara de Diputados, las erogaciones extraordinarias son tan ambiguas que permiten a un funcionario público hasta pagar la cuenta de su sastre.
“No hay parámetros para conocer el sueldo real de los funcionarios públicos, pues existen partidas en el presupuesto que, en la práctica, representan percepciones extras y son un engaño para los legisladores”, ha dicho el diputado panista Felipe de Jesús Cantú.